Lo primero que es necesario
destacar es el uso de metodología cualitativa y cuantitativa para construir el
informe. Sin embargo, es conveniente precisar el recorte metodológico que ambos
datos proporcionaron al resultado final por una parte, y, en los efectos de las
conclusiones por otra.
En principio se
trata de un informe de 18 páginas de las cuales los dos tercios de ella está orientada
a fundamentar las violaciones a los derechos humanos en su profundidad y
gravedad, por lo tanto, se concentra en análisis de datos cualitativos.
En efecto, este
recorte metodológico puede ser evaluado como datos cuantitativos faltantes
claves que pudieran generar vacíos interpretativos en el ordenamiento discursivo
de dicho informe, y, específicamente, en relación con el concepto de sistematicidad
de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el mismo periodo y que
señalara en su momento el Informe de Amnistía Internacional.
Sin embargo, si el
objetivo era relevar, reportar y describir el comportamiento de violación a los
derechos humanos principalmente de Carabineros de Chile, de manera grave,
gravísima: el informe cumple.
Ahora bien, con el
objetivo de aclarar las aprehensiones legítimas en cuanto a la metodología
usada, lo primero que sería interesante destacar del informe de HRW es que la
metodología de entrevista contempla datos cualitativos de solamente dos
regiones del país: Santiago y Valparaíso, y que si bien es cierto son las más numerosas
en población, dejan fuera de análisis:
-
- Concepción, (segunda más numerosa del país),
- - Antofagasta, y todas las otras regiones del Norte y del Centro Sur del país.
- Especialmente
las capitales de estas regiones, las cuales también se sumaron a las protestas,
estallido social, paralizaciones, y por lo tanto, en las cuales también se han
violado “gravemente” los derechos humanos.
Tal cual como lo consigna
en la página dos, el informe indica lo siguiente:
“Human Rights Watch entrevistó a más de 70 personas en
Santiago y Valparaíso en noviembre. Algunas víctimas fueron heridas por
perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de
gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios; otras señalaron haber
sufrido abusos policiales en las calles o en comisarías. Human Rights Watch
también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por
manifestantes, así como también a médicos, abogados, académicos, representantes
de la sociedad civil y altas autoridades, incluidos el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional de la Defensoría
Penal Pública, el General Director de Carabineros, y los ministros de
Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia”.
En este contexto, es
interesante observar que la metodología cualitativa usada indica que el número
total de entrevistas fue de 70 personas. Y, no todas estas personas fueron
necesariamente personas vulneradas en sus derechos, sino que muchos de ellos o
ellas, fueron funcionarios de rango y defensa del propio gobierno puesto en cuestión.
Se agrega a lo
anterior, la propia especificidad de los datos de la metodología cualitativa la
cual por cierto busca información que permita profundizar y relevar ciertos
aspectos de los hechos ocurridos que los datos cuantitativos no consiguen ver,
revisar, analizar ni comprender.
En este sentido, el
informe es coherente con el objetivo del cual busca dar cuenta: la gravedad de
los hechos. Pero al dejar fuera a las regiones, y concentrándose en los datos
cualitativos, no les posible emitir un juicio que aborde la cuestión de la
planificación, la intencionalidad, la sistematicidad ni la responsabilidad política,
de gestión y de mando.
Es concreto, la parte
fundamental que busca relevar se refuerza con fotografías, información
biográfica, y datos de los entrevistados/as vulnerados/as en sus derechos,
torturados/as y violentados en su humanidad. El dato cualitativo cumple su
función, en las aproximadamente 12 páginas del total de 18 del informe, pero no
reemplaza al dato cuantitativo faltante.
En relación con la
metodología y uso de datos cuantitativos, el informe señala que los usó y
fueron recaudados de diferentes entidades públicas:
1.- Los establecimientos
Médicos dependientes del Ministerio de Salud proporcionaron la siguiente
información
a.- “Los servicios
de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas relacionadas
a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre” (…). De
estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves. De la propia
Institución de Carabineros: “El 21 de noviembre, la Dirección General de
Carabineros indicó que más de 1.896 agentes resultaron heridos entre el 18 de octubre
y el 20 de noviembre, y que cerca de 127 de estos presentaban lesiones graves.”
b.- Desde el Ministerio
de Salud, se obtienen los siguientes datos:
“Entre las heridas
más graves se incluyen las lesiones oculares. En el Hospital Del Salvador, donde
se ha atendido a la gran mayoría de los heridos, al 19 de noviembre el 77 % de
las lesiones oculares habían sido causadas por perdigones. La segunda causa más
frecuente fueron impactos de cartuchos de gases lacrimógenos”.
2.- De la propia Fiscalía
como instancia del Poder Judicial del Estado:
a.- “La Fiscalía
Nacional está investigando 26 muertes. Entre ellas está el caso de un
manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza de
carabineros en la calle, tres personas que habrían recibido disparos letales
con armas de fuego por militares y una persona que fue atropellada por un
vehículo de Infantería de Marina, según información de la Fiscalía Nacional”.
b.- “La Fiscalía
Nacional también está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de
carabineros, que actualmente se consideran suicidios. Y datos o información de
hechos ocurridos en el periodo investigado frente a los cuales no hay aún
claridad: “al menos otras 18 personas que murieron en incendios durante los
saqueos, fueron atropelladas por vehículos particulares durante las manifestaciones,
o murieron por otras causas sin que haya pruebas, hasta el momento, de que estuvieran
implicados agentes del Estado”.
3.- Del Instituto
Nacional de Derechos Humanos INDH:
a.- “Hay 442
querellas presentadas por el INDH en representación de víctimas de abusos, 341
se refieren a señalamientos de torturas y trato inhumano, y 74 a denuncias de
abusos sexuales”.
b.- “Desde el 18
de octubre, al menos 1.015 personas resultaron heridas por impacto de
perdigones disparados por carabineros en el contexto de las protestas contra el
gobierno. Según el INDH, estas heridas afectaron tanto la parte superior como
inferior del cuerpo”.
c.- Según consta
en la documentación del INDH, al menos 6.972 personas fueron detenidas formalmente
en comisarías en el contexto de las manifestaciones entre el 17 de octubre y el
21 de noviembre.
5.- Finalmente, según
datos oficiales proporcionados a Human Rights Watch, por la Defensoría de la Niñez,
la Defensoría Pública, Clínicas Jurídicas, sin consignar la especificidad de la
institución se señala:
“los carabineros detuvieron a más de 15.000
personas entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre, y “retuvieron” a otras
2.000 por incumplir el toque de queda durante el estado de emergencia”.
En este sentido, la
información cuantitativa usada es válida. Sin embargo, la primera objeción que
se puede hacer es la ya indicada en diferentes medios de comunicación:
Por una parte, hay
una cantidad de hechos que no fueron ni están siendo denunciados porque la
burocratización del proceso implica la participación de la misma institución
cuestionada, sea carabineros, militares, marinos, o policías de investigación.
Esto significa que cada día siguen aconteciendo: formas de abuso sexual, formas
de tortura como golpes, o detenciones ilegales por hora, que no son denunciadas
porque la constatación ante un servicio de público de salud requiere de una
tramitación del proceso que a las víctimas se les hace insoportable e
insostenible.
Y, por otra parte,
hay servicios de prestación de salud primaria como la Cruz Roja, o de
enfermería que no necesariamente son consignados por quienes las han padecido,
y que son atendidos en el mismo lugar donde ocurre el hecho de violencia por
tratarse de heridas leves. O bien, son los profesionales y técnicos de la salud
que son llamados a realizar atención domiciliaria “solidaria” como es el caso por
ejemplo de lo ocurrido en poblaciones como Lo Hermida en Santiago.
En síntesis, a lo
que se quiere apuntar es que esta información paralela no fue registrada ni
considerada en este Informe, como tampoco por Amnistía Internacional. Y la
ausencia de esta información es relevante porque ella considera la desafección
de la ciudadanía que protesta con las instituciones que nos gobiernan y
encargadas de velar por la Justicia, por la protección y el orden público como
es el caso de: Carabineros, Policía de Investigación, Militares, Navales, y el Poder
Judicial.
Esta desafección
describe la desconfianza ciudadana acerca del ejercicio de la profesión y de la
moral de las instituciones anteriormente señaladas en aumento. Lo cual puede
llevar a la conclusión que: todas las reformas y sugerencias propuestas por el
informe de HRW para las instituciones, se asientan en un estado de ánimo
desgastado en credibilidad.
Solo como datos anexos,
y relativos con exclusividad a las fuerzas armadas: militares y carabineros, se
adjuntan diversas noticias, de diferentes medios de comunicación del amplio
espectro político del país que dan cuentan del proceso de descomposición en el
cual se encuentran al momento de las protestas. Y que por cierto ponen en
entredicho, ante la ciudadanía, la construcción de la verdad de sus opiniones y
juicios de verdad.
