El Caso Macaya

A estas alturas del desarrollo del caso Macaya, ante la opinión pública, es interesante desenredar la madeja porque siguen surgiendo aristas que complejizan el rol de las instituciones del Estado, el rol y el funcionamiento de quienes se deben a ellas. 

Está el poder judicial quien lleva el caso de abuso sexual de menores a Eduardo Macaya. 

Está el poder político a través de la intervención o participación de un senador de la república, presidente de un partido político, que es hijo del principal acusado. Están las instituciones del Estado que con el pasar de los días se ven envueltas en el enredo de la madeja.

Cada uno de estos poderes, a través de sus actores van conjugando un guión que termina siendo cuestionado por la ciudadanía. 

Una primera consideración se ofrece al distinguir lo que debiera ser propio a la esfera pública y lo que debiera ser propio al ámbito privado, doméstico o familiar. Del cruce, desdoblamiento,  diferencia, de lo que se entienda por acción "propia" a cada espacio, resultara el posicionamiento que el sujeto tendrá respecto de la materia de la agenda pública, y la velocidad e intensidad con que releve el hecho.

Una segunda consideración aporta significaciones a los hechos cuando estos ocurren en el ámbito privado doméstico familiar y son derivados hacia la justicia. Es interesante destacar aqui, los procedimientos, el respeto a la secrecía, al sigilo de la investigación, la protección a las víctimas, a la presunción de inocencia hasta que el tribunal determine la culpabilidad y el comportamiento que en tanto que tal, quienes tienen un posicionamiento político deben guardar, mantener.

Una tercera consideración deviene de la forma como la ciudadanía y cada sujeto van evaluando el proceso y construyendo su propia acción política.

Se comienza con la publicación a través de medios de comunicación de contenidos del proceso judicial, en que un senador de la república defiende la inocencia de su padre acusado de comportamientos abusivos hacia menores. Es decir, amparado en una función pública, admite el hecho judicial y declara la inocencia de su padre y, se ajusta en lo público, a lo que dicta la ley: presunción de inocencia.

En el despliegue de la situación, se realiza la publicación de las declaraciones hechas en el proceso judicial, en calidad de "testigo", en defensa del acusado una vez que el tribunal declara al imputado como culpable de a lo menos dos delitos hacia dos menores de edad. Aquí, no solamente se enreda la narrativa de justificación, sino que se enreda el discernimiento, en el trasplante de funciones en la defensa de intereses privados y familiares. 

Continúa complejizandose la situación cuando al establecer la detención del imputado se vuelve a enredar a dos instituciones del Estado de Chile: la institución de Gendarmería, por un trato privilegiado al victimario y culpable de delitos. Y, se agrega, la institución de la Defensoria de la Niñez, por denunciar en el espacio público que, durante el proceso judicial, recibió llamadas telefónicas y preguntas de parte del "senador" por el estado del proceso judicial.

Se agraba más aún, con las declaraciones sobre el mismo proceso que hace el "senador" y presidente de partido en un medio de comunicación. Una narrativa poco feliz frente a la cual la ciudadanía reacciona con diversar movilizaciones sociales.

Se busca bajarle el perfil a la situación, con la renuncia de parte del senador, a la presidencia del partido politico. Sin embargo, la situación no se allana a una comprensión más conclusiva de parte de la ciudadanía. 

La medida adoptada por el Partido Político no es suficiente.Tampoco lo es el reconocimiento del error de parte de un senador de la república. Y, entonces podemos preguntar ¿por que no es suficiente?

No es suficiente porque precisamente lo ocurrido se sitúa en el ámbito de lo ético normativo, de la experiencia moral, del estandar cívico que debiera tener un alto funcionario público en su acción pólitica. Es decir, se trata de un hecho que convoca a la ciudadanía a manifestarse en el ámbito del "bienestar comunitario", de la alta política, del bien común.

No se trata solamente de dirimir sobre los conflictos de intereses que aquejan en este caso al senador y su familia. Se trata también del tráfico de influencias, del ejercicio del poder representantivo de quién ostenta un cargo de elección popular.  En última instancia, también se trata de colocar discernimiento democrático en el ámbito familiar y privado porque es precisamente la base del bien común.

Es cierto, hay un ruido instalado cuando se mezcla el sigilo de protección de las víctimas menores de edad, a cuando, se silencia el hecho porque es una cuestión de familia, o se busca intencionalmente descalificar el abuso, porque ocurre en un espacio doméstico. 

Lo privado, en un cierto sentido también es investido como público cuando en la domesticidad de la familia hay abuso, violación o violencia y se busca acceder a la justicia. Y al parecer, eso es lo que se debe dilucidar aquí. Es decir, en este lugar no puede operar la obsecuencia. Al menos la ciudadanía no la espera de un legislador, sobretodo de un legislador.

Lo privado también da cuenta de lo democrático cuando es sometido a la ley, y cuando hay justicia o se busca aplicarla. Y, esa es la convicción que al parecer aún no es confirmada con claridad. Esa es la convicción que le falta a Chile, el de la igualdad ante la ley en los tribunales.